Este artículo sostiene que la implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ha sido un desafío complejo para Chile, cuyo sistema jurídico y político sigue anclado en una visión reduccionista de los derechos de los pueblos indígenas. Por ello, los temas centrales para su plena implementación que fueron abordados por la Convención Constitucional generaron una reacción que refleja la plena vigencia de esta visión restrictiva que predomina en Chile sobre la cuestión indígena. Así, la discusión constitucional sobre la materia debe ser vista con una perspectiva más amplia que la propuesta constitucional elaborada por la Convención Constituyente y debe enmarcarse en una tensión entre paradigmas contradictorios para regular la relación entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas que habitan su territorio.